Ninguna libertad puede ejercerse sin atenerse a determinados límites. De hecho, es un principio iusnaturalista universalmente reconocido que el derecho de los demás constituye el límite natural al ejercicio de la libertad personal. Como todos los límites, rara vez puede definirse con total precisión, porque goza de esa cualidad de difuso que comparten todas las líneas divisorias morales; pero aun así, pone de manifiesto que toda libertad puede ejercerse con justicia solo dentro de determinados márgenes. Subrayo que me he referido al «límite natural», al ejercicio de la libertad personal, porque sabemos por experiencia que pueden imponerse, ya sea arbitraria o justificadamente, muchísimos límites más a la libertad personal.

El ejercicio de la libertad de expresión, por lo tanto, también se ve constreñido —saludablemente constreñido, podría añadirse— por el derecho de los demás al respeto a su honor y su dignidad, que tenemos en muy alta estima y guardamos con gran celo, susceptible como es de ser vulnerado con facilidad, y a veces hasta con ligereza.

Recuerdo el impacto que me causó durante mi niñez encontrarme con lo que entonces llamaban «chistes crueles». Todavía circulan por ahí, pretendiendo hacer reír con la presentación de situaciones relacionadas con desgracias personales o defectos físicos, para solo citar dos de sus más usuales materias primas. Recuerdo que me reía con algunos de ellos, y me molestaba muchísimo reírme, con ese sentimiento de culpa que nos asalta cuando nos reímos impensadamente al ver a alguien que tropieza y da varios pasos trastabillando, tratando de que no se le caigan las cosas que lleva en las manos, sin llegar a caerse, o peor, incluso, si se cae. Y es que sabemos que en esa situación está mal reírse, aunque la inextricable relación entre lo absurdo y lo cómico haga que muchas veces no podamos evitar reírnos, por más que después nos dé vergüenza.

Quiero destacar esa sensación de repulsión que sentimos ante toda burla cruel, ante toda expresión de marginación e injusticia y ante todo género de —para decirlo con palabras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos—, «tratos crueles, inhumanos o degradantes». Es la convicción ampliamente compartida de que las personas deben ser protegidas del maltrato no solo físico, sino también moral, la que está en la base de lo que ha dado en llamar «corrección política» (CP). De hecho, la primera vez que oí la expresión «políticamente incorrecto» fue en referencia a un chiste cruel.

La CP tiene una larga y complicada historia que no es mi propósito presentar en este artículo. Me interesan más bien las implicaciones que tiene hoy sobre la libertad de expresión, en el mundo del pensamiento en general y en el ambiente mediático en particular. Consideraremos la CP en su acepción más generalizada, relativa al lenguaje, las políticas y las medidas destinadas a evitar menoscabar, irrespetar o disminuir de cualquier forma a personas de algunos grupos específicos de la sociedad, en especial los que se consideran usualmente como «minorías». Se centra —como lo describe una popular fuente de referencia— en «evitar el lenguaje o el comportamiento que puede verse como excluyente, marginador o insultante de grupos considerados desfavorecidos o discriminados, especialmente grupos definidos por género o etnia».

¿Por qué entonces, si la CP se propone objetivos tan justos, se alzan tantas voces diversas, algunas de ellas muy prestigiosas, para denunciarla? En realidad no es tan extraño. No todas las situaciones injustas tuvieron su origen en ideologías perversas. La historia recoge numerosos ejemplos de ideas justas que terminaron por torcerse y causar más mal que bien. A veces se ha tratado de aplicaciones excesivas, que pueden hacer incluso que la aplicación de la propia justicia cause mal, como advertía aquella máxima del derecho romano: Maximum jus, máxima injuria; la justicia, aplicada al extremo, produce gran injusticia. Otras veces se ha tratado de manejos políticos, legales o religiosos de grupos que buscan obtener ventaja posando como justicieros. Aunque en la práctica ambas variantes se mezclan, muchas de las manifestaciones más alarmantes de la CP se presentan como un exceso de celo, o para llamarlo con su nombre, extremismo.

» El lenguaje políticamente correcto

Un campo de batalla privilegiado suele ser el lenguaje. Es cierto que el lenguaje refleja, a veces en forma de expresiones despectivas e hirientes, los prejuicios que enfrentan determinados sectores de la sociedad; pero algunos insisten en que, más que ser apenas un reflejo de un statu quo, el lenguaje desempeña un papel importante en la reproducción de situaciones de injusticia, y debe modificarse para forzar el cambio de esas situaciones.

Así pasa continuamente con la presión para fomentar el uso del llamado «lenguaje inclusivo». Parecería que el machismo en nuestros países se debiera sobre todo a nuestro idioma, y bastaría con que dijéramos —sin necesidad— «todos y todas» en lugar del suficiente «todos», para hacer desaparecer automáticamente las manifestaciones de machismo que de verdad importan: la marginación de las mujeres en cuanto a puestos de trabajo y salario, el abuso familiar y los mitos sobre la superior capacidad intelectual de los hombres, por solo mencionar algunas. Lejos de ello, lo único que conseguiremos —tal como lo estamos viendo ya— será convertir el idioma en un galimatías insufrible, mientras que los machistas seguirán actuando como tales, aun cuando logren disfrazarlo usando más palabras que las necesarias.

Darío Villanueva, quien fue director de la Real Academia Española (RAE), en un discurso pronunciado en noviembre de 2018 en la UPV de Bilbao abordó el tema de lo que llamó, inspirándose en términos creados por George Orwell para su novela 1984, «neolengua». Y es que a don Darío, en razón de su cargo académico, el impacto de la CP sobre el lenguaje le toca de cerca.

«La corrección política, una nueva forma de censura, ha llegado para quedarse», afirmó, y la consideró «una censura perversa, para la que no estábamos preparados, pues no la ejerce el Estado, el Gobierno, el Partido o la Iglesia, sino estamentos difusos de lo que denominamos sociedad civil».

Refiriéndose a los continuos reclamos contra el Diccionario, Villanueva añadió: «A la RAE se le acusa una y otra vez de agraviar a individuos o grupos simplemente por incluir palabras consideradas ofensivas por ellos, palabras que existen en el uso del idioma y están ampliamente documentadas por escrito; palabras que la RAE no ha inventado, sino simplemente recogido de la lengua soberana creada y utilizada por los hablantes». Y cerró el tema al sentenciar: «expurgar el Diccionario para hacerlo seráfico y biempensante no dejaría tampoco de ser una reiterada expresión de una nueva forma de censura difusa, no impuesta por el Estado, el Partido o la Iglesia, sino por la etérea instancia que decreta lo políticamente correcto».

Sobre este mismo tema, la académica de la RAE Inés Fernández Ordóñez ha comentado el caso de una periodista sevillana que fue reprendida por su editor por haber usado la palabra «indigentes», en lugar del eufemismo «personas sin recursos», y afirmaba:

En la medida en que [el lenguaje políticamente correc to] contribuye, quizá, a que los afectados por cualquier problema se vean mejor representados, protegidos o valorados, bienvenido sea. En cuanto se emplee para hacernos olvidar o confundir lo importante, es peligroso. Y aún más cuando, en lugar de ser una opción posible, se convierte en una «obligación» del buen ciudadano, reprendido, como la periodista sevillana, como si hubiera descuidado sus deberes sociales. Hay que recordar que el triunfo de cualquier cambio lingüístico es siempre fruto de la adhesión libre de los hablantes, y no de decisiones de tipo institucional.

» Perseguir el contenido, más que el lenguaje

La persecución contra el uso de un lenguaje denostado como políticamente incorrecto es apenas una manifestación secundaria del objetivo central de la CP, que es, por supuesto, que todo contenido sea políticamente correcto. Aquí estamos en terreno conocido, común a todas las censuras que en el mundo han sido, cualesquiera que fuesen las bases políticas, religiosas o de otra índole de que partieran. Su línea de acción es que, dado que hay opiniones incorrectas, erróneas, o, peor aún, peligrosas, hay que negarle a quien las mantiene todo derecho a expresarlas, o, en caso que hayan sido ya expresadas, obligarlo a retractarse y pedir perdón.

Que esto sea efectivamente así en los países o instituciones con sistemas totalitarios, no es extraño. Es connatural al totalitarismo la imposición de un modo único de pensar, mediante la represión de todo disenso. Su presentación como peligroso para la sociedad se justifica de muy diversas maneras, según las circunstancias específicas. Lo sorprendente es la forma en que se ha ido normalizando la censura en países e instituciones que habían abrazado el ideal democrático occidental, hijo de la Ilustración, que reconoce como un derecho inalienable de los ciudadanos la libre expresión del propio pensamiento. No soy ingenuo: sé que también en los sistemas democráticos se pueden poner cortapisas injustas a las libertades individuales, incluido el derecho a la libre expresión, y de hecho ocurre continuamente; pero considero ese derecho en particular a la libre expresión del pensamiento, uno de los más importantes logros políticos de la civilización occidental, y me parece irrenunciable, por más frágil que sea. ¿Cómo podría haber progreso sin debate? Decir que esa es una pregunta retórica es quedarse muy corto. Sin debate, el progreso sería imposible, porque las mejoras no tienen otra forma de surgir que de la proposición de alternativas a lo que se está haciendo. El que todos se den mutuamente palmaditas en la espalda, felicitándose por sus logros reales o imaginarios, sin cuestionar lo que se está haciendo, porque parten de que es el único modo «correcto» de obrar, es la receta ideal para el estancamiento. Así lo único seguro es que no se resolverá ningún problema de los que hay, ni se prevendrá ninguno de los posibles problemas que pudieran surgir, ni —y esto es, con mucho, lo peor de todo— se encontrará una vía mejor o más rápida para avanzar.

Claro que las críticas siempre son molestas, sobre todo para quienes están en el poder, y la tentación de reprimirlas responde a la «solución» más fácil. Lo que es legítimo, y corresponde hacer, es refutar la crítica exponiendo los propios argumentos. Lo saludable es siempre el debate, porque estimula el surgimiento de nuevas ideas. No se trata solo del valor de las ideas por sí mismas, sino también del efecto sinérgico que tiene el debate. Escuchar la exposición de ideas nuevas suscita el surgimiento de otras, a veces relacionadas con aquellas solo en forma indirecta. Algunas técnicas muy eficaces de dinámica de grupos, como la llamada «tormenta de ideas», o brainstorming, cuya aplicación se recomienda sobre todo cuando se buscan nuevas ideas, se basan justamente en la promoción de esa interacción sinérgica entre los participantes.

Otra tentación ante la crítica es la de posar como partidarios del debate, pero advertir sobre los supuestos riesgos de apartarse demasiado del statu quo. La restricción arbitraria del alcance de todo debate es empobrecedora, porque la experiencia demuestra que las ideas más renovadoras y progresistas surgen, la mayor parte de las veces, no en el seno de la corriente principal de pensamiento, sino en las márgenes, apartadas de lo que se considera el paradigma seguro.

» Una verdadera censura

La censura se asocia generalmente con la prohibición efectiva de expresarse con libertad. Hoy sería extraño que quien quiere censurar a otro en una sociedad abierta tenga en realidad la posibilidad de hacerlo, porque el puesto de censor en esas sociedades no existe. Existe, no obstante, la amenaza de una campaña de descrédito o, como se dice en inglés, character assassination, que traducido literalmente sería «asesinato de la personalidad». En esta época de redes sociales, tales campañas pueden desatarse en forma fulminante y con alcance global, con consecuencias catastróficas para su víctima. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, lo ha resumido así: «Es una manera de imponer una censura discreta, disimulada, que no dice su nombre y que no te castiga físicamente, sino con el descrédito, en aras de una supuesta corrección. En cierta forma es una nueva inquisición. Y nos lleva también a algo muy negativo, como es la autocensura».

Siguiendo el razonamiento de la relación entre debate abierto y progreso, ¿cómo podría propiciar el progreso un debate en el que todos, por miedo, se limitaran a repetir las verdades generalmente aceptadas y evitaran decir sus verdaderas opiniones? La obligación de ceñirse a lo dictaminado como políticamente correcto, ya sea por la vía de la represión directa, ya por medio de la autocensura, tiene siempre el resultado de limitar el progreso.

Un panorama especialmente triste es el que ofrecen algunas de las universidades más prestigiosas, cuyos estudiantes han decidido boicotear las conferencias que debían dictar personalidades que no son de su agrado debido a que sostienen opiniones que ellos consideran «incorrectas». Es más sencillo taparle la boca al otro, o vociferar insultos para impedir que hable, que escucharlo civilizadamente para rebatir después sus argumentos con argumentos mejores. Los que deberían ser templos de la libertad de pensamiento y expresión se pervierten así, transformándose en antros de persecución de las ideas.

Se impone decir una palabra aquí sobre libertad y responsabilidad, porque la responsabilidad impone con justicia límites a la libertad. Creo firmemente en la libertad de expresión, pero creo con la misma firmeza que nadie es libre de decir o escribir cualquier cosa. Para recurrir a un ejemplo tal vez trivial, pero muy gráfico, nadie es libre de gritar «¡Fuego!» en un teatro lleno, porque sería irresponsable. Pienso que es igualmente irresponsable tratar de justificar el exterminio de los judíos por los nazis, o las brutales purgas de Stalin, o articular cualquier otro discurso que fomente el odio. Debo advertir, sin embargo, que son límites razonables, pero de los que se puede abusar. Es muy fácil desvirtuar lo que un adversario dice, poniéndole las etiquetas que convienen para adscribirlo al bando de los indeseables y poder así silenciarlo.

» Evitar, a toda costa, que alguien pueda sentirse ofendido

Todo se ha complicado con la hipersensibilidad que muestra una joven generación a la que se le ha llamado «generación copos de nieve», aludiendo a la proverbial fragilidad de esos ligerísimos cristales de hielo. Como se consideran celosos defensores de toda víctima de toda discriminación, se sienten ofendidos por todo, y reaccionan airadamente ante cualquier referencia, no importa a qué grupo social se dirija o cuán neutra sea. Es la generación copos de nieve la que ha generado propuestas como las de la Universidad de New Hampshire, en EE.UU., según las cuales hablar de pobres y ricos es ofensivo, y esas palabras deben sustituirse por «personas que carecen de ventajas que otros tienen» y «personas de riqueza material», respectivamente. Siempre según esta misma fuente, debería decirse «persona de talla» en lugar de gordo y «persona internacional» en lugar de extranjero, y han proscrito palabras como «maternidad» y «paternidad», porque «marcan género».

Evitar ofender a las personas es un valor, y no resulta nada nuevo. Siempre se consideró cortés evitar el uso, sobre todo en presencia de las personas afectadas, de algunas expresiones del habla popular, relativas a condiciones físicas, que habían adquirido un claro sesgo despectivo, y que podían ocasionar que esas personas se sintieran menospreciadas. Así, no se consideraba educado referirse a alguien como «un viejo», sino que debía decirse «una persona mayor». Eso ahora se ha llevado al extremo, y hay como una obsesión por evitar a toda costa que alguien pueda sentirse ofendido o excluido, llegando en ocasiones a extremos ridículos para impedir toda sensación, real o imaginada, de exclusión o menosprecio. Hoy en día se sigue aceptando —e incluso se recomienda— en los ambientes especializados la expresión «persona mayor», pero otras designaciones que siempre me parecieron adecuadas, o al menos no ofensivas, ahora se rechazan, como «anciano» o «persona de la tercera edad». Y en ninguna circunstancia se nos ocurra decir de alguien que depende de una silla de ruedas que es «minusválido», o «limitado físico».

Un ejemplo de un grado de complicación creciente del tema de la CP en el campo de las características físicas es el de las muñecas Barbie, creadas en 1959 por la firma estadounidense de juguetes Mattel. Como era de esperar de un producto tan popular (se calcula que se han vendido mil millones de Barbies en el mundo), las conocidas muñecas han estado sumidas en controversias desde que salieron al mercado. Una de las primeras críticas fue que su figura estilizada imponía un paradigma de constitución física imposible para las niñas que jugaban con ellas. Además, su tez blanca y su cabello lacio y rubio no se correspondían con las características físicas de niñas de muchas etnias diversas que las compraban. Claro que para Mattel no era tanto un caso de corrección política como de mercadeo, pero la enorme variedad de Barbies (y otros miembros de su imaginaria familia), y en particular el número creciente de adiciones recientes, políticamente correctas, a su catálogo, ilustra a la perfección esa obsesión por la no exclusión de nadie a la que me refiero. Hay ahora Barbies negras, mulatas y asiáticas de diversos tipos, de diferentes tonos de piel, estaturas y complexiones físicas, las hay delgadas y rellenitas, con diferentes facciones, y… sí, también con diferentes afecciones y limitaciones físicas. Entre las nuevas variantes introducidas el año pasado, con motivo del 60 aniversario de su presentación original, hay una Barbie con vitiligo, una con una pierna prostética, una en silla de ruedas y una completamente sin pelo, como si se hubiera afeitado la cabeza o estuviera bajo tratamiento con citostáticos. Yo, a decir verdad, lejos de encontrar todo eso simpático, lo encuentro un poco morboso.

» Ni poco, ni demasiado

Como hemos visto, la exigencia de corrección política puede oscilar desde la demanda de respeto por la dignidad básica de las personas, una acción justa que pocos se atreverían a cuestionar, hasta la obsesiva persecución de unas supuestas afrentas, más imaginadas que reales, magnificadas por la hipersensibilidad, no tanto de los presuntamente afrentados, como de una legión de fanáticos censores autoerigidos en protectores a ultranza de los marginados.

Al igual que en muchos otros campos, en este la norma saludable es la que prescribe sabiamente la canción de Alberto Cortez: «Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida».