Con la ampliación del acceso a la internet y a los medios de comunicación digitales, en correspondencia con los múltiples intereses que en ellos confluyen (comerciales, económicos, políticos, de ocio, etc.), se han diversificado los espacios de información y de comunicación dedicados a reflejar el acontecer nacional y los sucesos y opiniones que inciden en ese contexto.
La legitimidad jurídica y el reconocimiento que de forma oficial puedan o no haber recibido esos medios no han limitado que algunos de ellos ganen presencia y visibilidad a pesar de ofrecer visiones contrastantes o frontalmente opuestas a las de los órganos de información oficial.
La inexistencia de un marco legal que dé respuesta a conflictos creados en estas circunstancias entre diversos actores y entidades ha conducido en ocasiones a la adopción de medidas extremas como la censura de contenidos o represalias contra los individuos.