El 10 de marzo de 1952, el general en retiro Fulgencio Batista encabezó un golpe de Estado contra el presidente Carlos Prío Socarrás, que rompió el ritmo constitucional en Cuba y devino dictadura al apoderarse de la presidencia e impedir las elecciones generales previstas para el 1º de junio, suplantar la Constitución del 40 por unos Estatutos Constitucionales, cerrar el Congreso, desconocer los partidos políticos, imponer el militarismo, prohibir las huelgas y ejercer el poder legislativo mediante su gabinete. Como en todo gobierno autoritario, dentro de su estrategia de control social uno de los actores prioritarios serían los medios de comunicación, que tenían en la Isla un desarrollo notable, pese a un deprimido potencial de consumidores de cerca de seis millones de habitantes, menguado a la vez por un 23 por ciento de analfabetismo, según cifras del censo de 1953. Para que se tenga una idea de la expansión del mercado de medios en Cuba, en 1959 había unas 15 publicaciones nacionales (algunas como las revistas Bohemia y Carteles se comercializaban en otros países), más de una decena de diarios provinciales, seis emisoras nacionales y 146 locales, cinco canales de televisión en La Habana y uno local en Camagüey.

En el control de los medios cubanos el régimen de Fulgencio Batista (1952-1958) combinó tres estrategias: la cooptativa, la represiva y la preventiva. Por estrategia cooptativa se entiende todo aquel intercambio de dinero y beneficios económicos y políticos entre el gobierno y la prensa. La represiva consiste en castigos y en la violencia contra los medios y los periodistas, con distintos grados de discrecionalidad y rigor. Y la preventiva gira en torno a la revisión y corrección de los materiales periodísticos antes de que lleguen al público, y entre sus métodos sobresale la censura previa. El orden dado a las tres estrategias no es casual, porque Batista en su relación con la prensa nacional siempre privilegió los mecanismos cooptativos, en segundo lugar los represivos, y cuando estos no le resultaron y la situación política fue en extremo complicada, acudió a los preventivos, sin renunciar a las dos modalidades anteriores.

No obstante, este artículo solo abordará la estrategia preventiva y dentro de esta la censura previa. El término de censura —así a secas— se suele usar para referirse a todas las formas de control de los medios, pero aquí se emplea en el sentido jurídico, es decir, como la inspección de textos y su posible prohibición total o de sus partes, antes de ser publicados. Desde el punto de vista legislativo, la censura previa fue posible en la Cuba de la década de 1950 porque en el ar tículo 41 de la Constitución del 40 el artículo 33 —que establecía la libertad de expresión— estaba entre los que se podían derogar cuando lo exigiera la seguridad del Estado, o en caso de grave alteración del orden, de guerra o de invasión al territorio nacional. Si bien los Estatutos Constitucionales estuvieron en vigor desde 4 de abril de 1952 hasta el 24 de febrero de 1955, cuando se restableció la Constitución del 40, estos reproducían casi textualmente el articulado referente a las libertades públicas y las garantías constitucionales garantizadas en la Carta Magna.

La implementación de la censura previa en la dictadura de Batista no dejó de causar cierta sorpresa entre la opinión pública nacional. Por una parte, porque el General no la había utilizado antes en su dominio sobre la vida política del país entre 1934 y 1944, y por la otra, porque en más de 50 años de historia republicana solo en dos ocasiones se había hecho uso de las facultades de excepción para establecer la censura, aunque en circunstancias muy distintas. La primera vez fue en noviembre de 1917, cuando tras la entrada de Cuba en la I Guerra Mundial el gobierno de Mario García-Menocal la estableció para todos los telegramas y la inserción en los diarios de noticias sobre operaciones militares. La segunda ocurrió desde junio de 1931 hasta mediados de julio de 1933, cuando Gerardo Machado, ya en su condición de dictador, impuso una ininterrumpida censura a la prensa cubana.

En las páginas siguientes se explican los distintos periodos en que la censura previa se ejerció durante el gobierno de Batista, con un predominio de esa medida en sus dos últimos años: 1957 y 1958, cuando prevaleció en 18 de esos 24 meses. Sin embargo, falta por decir que antes de su primera puesta en práctica, tras los hechos del 26 de julio de 1953, las autoridades pretendieron censurar en enero y mayo de 1953, primero, los noticieros cinematográficos y de televisión, y luego, solo los de cine, medidas que se estrellaron ante la protesta conjunta de las distintas organizaciones periodísticas.

» 90 días de silencio tras el Moncada

A raíz de los asaltos a los cuarteles Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo y Guillermón Moncada en Santiago de Cuba, en la provincia de Oriente, el 26 de julio de 1953, el gobierno suspendió ese mismo día las garantías constitucionales y por el Decreto-Ley 989 estableció la censura previa a tres periódicos y una revista: Prensa Libre, El Mundo, Pueblo y Bohemia, a los que consideraba de opinión más independiente y crítica dentro del conjunto de la prensa cubana. La resolución nombraba a Miguel Borrell como censor de Prensa Libre y Bohemia, y a Manuel Benítez, de El Mundo y Pueblo.

Al día siguiente, Prensa Libre circulaba con significativos espacios en blanco en su portada y páginas editoriales, así como sugería con formas sutiles los graves acontecimientos en el país. La audacia del diario y el ridículo en que dejó al censor provocaron que este fuera reemplazado por José Caballero Brunet.¹ El Mundo se veía obligado a eliminar su plana editorial, a sustituir numerosos trabajos y a suprimir la frase martiana que encabezaba su portada: «La palabra no es para encubrir la verdad, sino para decirla».² Mientras tanto, a Pueblo no se le dejaba circular por la detallada información en sus páginas sobre los sucesos en Oriente, y su sede era clausurada tras ser asaltada por la policía y golpeado su personal, incluido su director, Luis Ortega, quien tomó el camino del exilio. Con igual procedimiento se cerró el periódico Hoy, del Partido Socialista Popular, que no volvería a publicarse durante la dictadura.

Sobre las limitaciones y agresiones a esas publicaciones, la prensa nacional guardó silencio, salvo contadas excepciones como el Diario de la Marina. El decano de los periódicos cubanos reiteró su adhesión al principio de la libertad de prensa y exhortó a Batista a suspender la censura previa y a rodear a los medios de comunicación de las garantías necesarias. El 29 de julio, reunido el Bloque Cubano de Prensa para discutir dicho problema, llegó la noticia de que la censura ampliaba su órbita, por lo que acordaron un documento público de protesta, que el gobierno prohibió publicar, y una entrevista urgente con el general Batista.

En efecto, la censura previa se extendía en todo el país a las publicaciones periódicas y a los espacios informativos y de opinión en las estaciones de radio y la televisión. Las agencias informativas extranjeras como Associated Press y United Press no quedaron excluidas de la fiscalización. La medida iba encaminada no solo a silenciar los hechos relacionados con los ataques a las fortalezas militares en el oriente del país, sino a evitar a toda costa que fuera de dominio público la persecución y represión contra los asaltantes que fueron hechos prisioneros, a quienes en su mayoría los asesinó el Ejército, al margen de la ley, por orden del dictador. En La Habana, empleados de los ministerios de Gobernación e Información y dirigentes de la juventud batistiana se desempeñaron como censores.³ No había ningún periodista entre ellos, porque el Colegio del gremio hizo público que sometería a consejo disciplinario al asociado que aceptase desempeñar ese cargo.

Asimismo, para complementar la censura previa se aprobó el 6 de agosto el Decreto-Ley 997 o Ley de Orden Público, inspirada en decretos falangistas españoles y del fascismo italiano. De corte represivo, su articulado constituía una severa modificación del Código de Defensa Social, al ampliar la sanción de delitos como rumores, desacato, difamación, calumnia o injurias y contra el honor. Introducía figuras delictivas de mera creación política, como el delito de opinión y propaganda, estipulaba sanciones tanto para los autores de los artículos como para los responsables de su divulgación y suprimía las garantías procesales de los acusados, por lo que el ejercicio del periodismo se hacía prácticamente imposible.

Desde el primer momento se generaron protestas contra la censura previa. Entre las más importantes estuvo el cable de denuncia enviado desde La Habana a la Sociedad Interamericana de Prensa, en Washington, por Miguel Ángel Quevedo, director y propietario de Bohemia, y Raúl Alfonso Gonsé, subdirector de El Mundo. El presidente ejecutivo de esta organización, Andrew Heiskel, envió otro cable a Batista, para pedirle la suspensión de la mordaza. Poco después, ya extensiva la censura a toda la prensa, dirigió un nuevo mensaje al presidente cubano. También Emilio Azcárraga, presidente de la Asociación Interamericana de Radiodifusión, se quejó a Batista vía telégrafo por las restricciones a las radioemisoras cubanas. En el ámbito nacional, una delegación del Bloque de Prensa se reunió con el dictador para protestar contra la censura. Cristóbal Díaz, propietario de El País y presidente del Bloque, dijo después de la visita: «El Presidente explicó su punto de vista tanto como persona particular como en calidad de jefe del Ejecutivo y nos dijo que cancelaría la censura impuesta a la prensa tan pronto como sea posible hacerlo, y que él deplora la necesidad de semejante medida».⁴ Con el mismo propósito, también el Colegio de Periodistas tuvo una audiencia con Batista, y la Asociación de Reporters de La Habana, presidida por Diosdado del Pozo, cursó un telegrama al General, en su doble carácter de presidente de la República y miembro de la Asociación, donde pedía el fin de la censura y la adopción de medidas para garantizar la protección de periodistas y corresponsales.

Los censores no actuaron con criterio uniforme. Una edición de El Crisol, debidamente autorizada, que reproducía las declaraciones de Fidel Castro al ser hecho prisionero seis días después del Moncada, fue recogida por la policía. A veces surgieron actitudes discriminatorias, como en el caso de la noticia del secuestro del abogado y también periodista Armando Hernández, que solo a Bohemia se le permitió darla. En el interior del país, la censura la desempeñaron los militares, por lo que las arbitrariedades fueron mayores. En Matanzas, un oficial del Ejército prohibió al periódico El Imparcial que continuara publicando un texto breve de José Martí en cada edición, una iniciativa implementada desde principios de año en homenaje al centenario del natalicio del Héroe Nacional.

De las páginas de los periódicos «desaparecieron» no solo los acontecimientos en Oriente, sino también los arrestos de opositores en todo el país y los cambios de ministros en el Gabinete. También se silenciaron fechas históricas evocadoras de rebeldía, como el 12 de agosto (caída de la dictadura de Machado), el 16 de agosto (muerte de Eduardo Chibás) y el 30 de septiembre (inicio de la lucha estudiantil contra Machado).⁵ Como una reacción ante la censura y la desinformación, proliferaron las «bolas» en toda Cuba. La ola de rumores alcanzó los centros bancarios y provocó una declaración oficial donde se enfatizaba la seguridad de los depósitos. Pero el protagonismo se lo llevó el arzobispo de La Habana, Manuel Arteaga, quien había sufrido una herida en su rostro que necesitó de 20 puntos. Solo a Bohemia la censura le permitió publicar una foto del prelado herido con un escueto pie, por lo que los lectores pensaron que había mucho más que decir y una narración se extendió por la Isla: los detectives del Buró de Investigaciones penetraron en las habitaciones del cardenal en busca de oposicionistas y lo golpearon con la culata de un arma.

Al mismo tiempo, resurgieron los impresos clandestinos y las hojas anónimas. Por ejemplo, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) intensificó en esos días la publicación de su órgano, Alma Mater, y entre los periodistas comenzó a circular en agosto de 1953 una hoja clandestina, que salió con cierta periodicidad y donde se atacaban a los censores de la prensa, a los trabajos y medidas del Ministerio de Información y se denunciaban los atropellos al sector periodístico.⁶

Como la censura persistía y reinaba la incertidumbre, el Bloque de Prensa se reunió nuevamente con Batista el 22 de septiembre, y el General aclaró que la medida tenía un término de vigencia de 90 días. Se acercaba la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y el gobierno comenzaba a maniobrar cerca de los representantes cubanos para evitar que se le condenara, gestión que fracasaría. Entre el 8 y 12 de octubre de 1953, cuando la mordaza aún se mantenía en vigor, se celebró en Ciudad de México la IX Asamblea anual de la SIP, la que reclamó a Batista el fin de la censura y la invalidación de la Ley de Orden Público, y situó a su gobierno dentro de las «zonas donde hay limitación de prensa», pero el dictador no prestó atención.

Finalmente, el 24 de octubre, Día del Periodista, Batista informó a los representantes de la prensa reunidos en el Palacio Presidencial que esa mañana el Consejo de Ministros había restablecido las garantías constitucionales y derogado la censura previa. En los días siguientes la prensa desenterraba una parte de los acontecimientos que no se le había permitido decir en 90 días, aunque no pocas publicaciones lo hacían con mucha cautela, ya fuera por su compromiso con el Gobierno o por temor a la Ley de Orden Público, normativa que pese a las protestas en su contra sobreviviría hasta mayo de 1954.

La adopción de la censura previa ante un ataque fallido a dos fortalezas militares el 26 de julio de 1953 y su mantenimiento durante tres meses evidenciaban el irrespeto de Batista a la libertad de prensa y el tipo de régimen autoritario que encarnaba, pero también era un anuncio de lo que podía ocurrir ante cualquier sublevación o insurrección que pretendiera derrotar a su ilegítimo gobierno.

» Dos breves períodos de mordaza y el papel de la SIP

Casi dos años y medio después de la censura previa impuesta a la prensa por los sucesos del 26 de julio de 1953, Batista retomaba ese método por breves periodos ante nuevas acciones militares en su contra en abril de 1956 y en enero de 1957. La censura estaría por un término de 35 días en la primera ocasión, y en la segunda por 43. En ambas oportunidades la medida se levantó antes de los 45 días previstos y no solo estuvo destinada a ocultar los hechos de quienes se atrevían a enfrentar al gobierno por las armas, sino sobre todo la represión y vesania contra ellos.

Así, el 29 de abril de 1956 un grupo de revolucionarios atacó el cuartel Goicuría, en la ciudad de Matanzas. El ataque fracasó, y como sucedió cuando el asalto al Moncada, el gobierno suspendió las garantías constitucionales y estableció el 30 de abril mediante la Resolución No. 382 la censura previa a la prensa por 45 días en todo el país. El documento justificaba la medida por la necesidad de salvar el orden público debido a «la propalación de rumores falsos y la contención de noticias aviesas, que se difunden tanto de palabras como por escrito, y contribuyen en gran medida a provocar enconos y diferencias insalvables en el seno de nuestra sociedad».⁷ En verdad, se necesitaba de la mordaza para evitar que los periódicos pudieran hacerse eco de las protestas por los atropellos de las autoridades. En La Habana la censura a la prensa estuvo a cargo del Ministerio de Gobernación y a los censores se les llamó con el pomposo nombre de «delegados personales»⁸ del ministro de ese ramo, mientras en el resto de la Isla correspondió a miembros de las Fuerzas Armadas designados por el ministro de Defensa Nacional. La fiscalización de los informativos de radio y televisión la ejercieron funcionarios del Ministerio de Comunicaciones.

Automáticamente, en las páginas editoriales o de política solo tuvieron cabida figuras adictas al régimen o noticias oficiales, a lo que algunas publicaciones como Prensa Libre, Bohemia y El Crisol se abstuvieron.⁹ En Bohemia, por ejemplo, dejó de publicarse la sección «En Cuba» y se ausentaron las firmas conocidas de Jorge Mañach, Agustín Tamargo y Francisco Ichaso. Ante la imposibilidad de publicar su habitual comentario, el columnista Carlos Lechuga recurrió en el diario El Mundo a un pintoresco desahogo de protesta: comentar recetas de cocina, pero el censor no se lo permitió por muchas ediciones. También en la radio y la televisión desaparecieron los noticieros y programas de contenido político. Como a las publicaciones extranjeras no se les podía aplicar la censura previa, las autoridades recurrieron al secuestro de las revistas Life, Time y Visión, cuando reflejaban información sobre los sucesos en Matanzas. Ello ocasionó un cable de protesta de los editores de Time y Life, al que respondió vía diplomática el ministro de Gobernación, Santiago Rey. La respuesta no debió satisfacer a Time, cuya edición impresa en Cuba, se trasladó a Houston, Texas, mientras Life circulaba en su versión inglesa nuevamente en La Habana, pero esta vez le faltaba la hoja de otro reportaje sobre la represión a los participantes e involucrados en el asalto al cuartel Goicuría.

Las gestiones por la restitución de la libertad de expresión comenzaron inmediatamente luego de adoptada la censura. El 8 de mayo de 1956 Batista recibió al director de El País y vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Guillermo Martínez Márquez, y al presidente del Comité de Libertad de Prensa del propio organismo y corresponsal del Chicago Tribune en La Habana, Jules Dubois, y se limitó a expresarles su esperanza de que la censura no se prolongaría por mucho tiempo.¹⁰ El 23 de mayo los ministros Camacho Govani y Santiago Rey aseguraron a directores de periódicos que la medida terminaría de un momento a otro, pero no fue así. Ante la proximidad del 7 de junio, fecha instituida por la SIP para la celebración del Día de la Libertad de Prensa, el gobierno maniobró para no ser condenado en el comunicado que esa entidad emitiría ese día y el propio Batista comunicó el 2 de junio al Bloque Cubano de Prensa que la censura cesaba al día siguiente. De tal forma, la censura se extendía por 35 días y no por 45 como se esperaba.

A principios de 1957, la censura hizo de nuevo presencia en las redacciones de los medios cubanos. Sucedió que, a finales del año anterior, había ocurrido el levantamiento armado en la ciudad de Santiago de Cuba el 30 de noviembre y el desembarco del yate Granma el 2 de diciembre por las costas de esa misma provincia, ambas acciones del Movimiento 26 de Julio. Por ello se suspendieron las garantías constitucionales en las provincias de Oriente, Camagüey, Las Villas y Pinar del Río, y solo en Oriente se instauró la censura previa. Sin embargo, en La Habana no ocurrió así y los periódicos nacionales, radicados en la capital del país, pudieron informar de los acontecimientos a toda la Isla, por lo que fueron contradictorias las limitaciones impuestas a la prensa oriental. El gobierno procuraba restar importancia a la situación del país, dar una sensación de normalidad, mientras la agencia AP daba la noticia de la muerte en combate de Fidel Castro, la que replicaban medios nacionales e internacionales; pero la confusión no se disiparía hasta que el periodista norteamericano Herbert L. Matthews, de The New York Times, entrevistó a Castro en la Sierra Maestra, el 17 de febrero de 1957, y publicó su historia diez días más tarde.

El fracaso de la represión contra los focos de rebelión en las ciudades y en la Sierra Maestra —adonde Fidel se refugió y comenzó a organizar la resistencia—, y no el pretexto gubernamental de la zafra azucarera, instó al gobierno a ampliar a toda la Isla la suspensión de garantías y la censura previa a la prensa a partir del 15 de enero de 1957 por otros 45 días. La censura se organizó bajo el mismo esquema de la vez anterior: Gobernación a la prensa habanera, Comunicaciones a la radio y la televisión, y el Ejército a los medios del resto de las provincias. Capitaneada esta vez por la doctora Evangelina de las Lleras —una furibunda batistiana que fuera miembro de la organización terrorista ABC—, la relación de censores se nutría de nombres hasta entonces inéditos,¹¹ en especial el de Antonio Hernández Díaz, un estudiante de primer año de la Escuela de Periodismo Manuel Márquez Sterling, cuya designación provocó una unánime protesta entre el estudiantado de ese plantel, que fue desoída por su director, el veterano periodista David Aizcorbe.

Para el trabajo de los censores, se les entregó una cartilla donde se prescribía que no se permitirían versiones de los hechos últimamente en Oriente que no fueran las del gobierno, quedaba prohibido enjuiciar las cuestiones nacionales y calificar al Ejecutivo, a los ministros y a las Fuerzas Armadas, y no se admitían declaraciones, juicios o menciones de los «elementos enemigos de la paz y el orden».¹² En esa ambigua definición entró el artículo ganador del premio periodístico Justo de Lara, que por primera vez en la historia del certamen no se reprodujo en los periódicos, porque con el título de «Mi amigo Borbonet» estaba dedicado a un oficial sancionado por conspiración. Según avanzaba la censura, su manejo en algunos aspectos cambió. «Bajo el dictado de un evidente cálculo político, se puso luz verde al renglón de las “muertes misteriosas”, especialmente a las trágicas fotos de cadáveres acribillados junto al inevitable petardo sin estallar. Así se creía aleccionar contra la subversión».¹³

También los despachos de los corresponsales extranjeros en La Habana fueron sometidos a la revisión de censores, al igual que la prensa extranjera para poder circular en territorio cubano. Así, cuando la dictadura consideraba algún texto lesivo a sus intereses, secuestraba la edición de The New York Times, Miami Herald o Life y no la devolvía hasta que la policía secreta arrancara las páginas o emborronara con tinta negra las columnas prohibidas.

Ante la situación, el ya presidente de la SIP y director de El País, Guillermo Martínez Márquez, y Jules Dubois, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, visitaron al Presidente para pedirle que dejara sin efecto la censura. Batista les aseguró que lo haría y dio su palabra de que no la establecería más. De hecho, el 26 de febrero se retiraron los censores de las publicaciones periódicas y, aunque el 1º de marzo se dictó una nueva suspensión constitucional, incluido el artículo 33 de la Constitución que garantizaba la libre expresión de pensamiento, solo se mantuvo la censura previa a la radio y la televisión, la que poco después se levantaría.¹⁴ Esta vez la censura se retiró dos días antes de lo previsto, debido a que Martínez Márquez le hizo saber a Batista que se avecinaba la reunión del ejecutivo de la SIP en Nueva York y que no podría abrirse el encuentro sin una condena al estado de la letra de molde en el país, como se había hecho antes con Colombia, Venezuela, Nicaragua y Santo Domingo.¹⁵

En definitiva, tanto en junio de 1956 como en febrero de 1957 las presiones de la Sociedad Interamericana de Prensa serían determinantes para que el presidente cubano levantara antes de tiempo la censura previa a la prensa. Ser declarado un dictador por la SIP preocupaba tremendamente a Batista, que sabía el efecto nocivo que eso podía ocasionar en su ya maltrecha imagen internacional. De ahí que la intervención de esa organización periodística transnacional tenía un peso en el trazado de la política de prensa en la Isla.

» La noche polar de la censura previa

Ni aun el ataque al Palacio Presidencial por un comando de revolucionarios, el 13 de marzo de 1957, sumió al país en una situación de emergencia nacional. Pero el 1 de agosto de ese año, ante el peligro de una huelga general, quedaron suspendidas las garantías constitucionales y mediante la Resolución 1106 se restableció la censura previa a todos los medios escritos, radiales y televisivos en la Isla. Nuevamente, la suspensión de garantías y la censura se extendieron el 14 de septiembre por 45 días más. Esta se ejercía en una oficina central en los bajos del Palacio Presidencial, integrada por funcionarios civiles¹⁶ y otra vez coordinada por la doctora Evangelina de las Lleras, quien había sido nombrada subsecretaria del Ministerio de Gobernación. El régimen de mordaza se mantuvo también a la radio y la televisión, donde se prohibieron los programas de orientación oposicionista y los favorables al gobierno, aunque estos últimos reaparecieron al día siguiente bajo otro título, a la misma hora y con los mismos presentadores.¹⁷

Entre los temas prohibidos estuvieron las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, John Foster Dulles, en su conferencia del 6 de agosto de 1957, en apoyo a la actitud condenatoria del embajador Earl E. T. Smith ante la represión policial a una manifestación de mujeres en Santiago de Cuba, así como cualquier alusión crítica a los dictadores Trujillo, Rojas Pinilla o Somoza, el suicidio de una corista en el Hotel Nacional y manifestaciones estudiantiles en cualquier país del mundo porque se podían relacionar con los acontecimientos en Cuba. La sublevación militar del 5 de septiembre en Cienfuegos se silenció en las primeras horas y luego se anunció por escuetas notas oficiales. Con motivo del sexto aniversario de la muerte de Eduardo Chibás, se prohibió la publicación de la tradicional esquela. «Hubo casos en que (los censores) pretendieron normar el formato de los periódicos, modificando el emplane, pautando el tamaño de los grabados, escogiendo el tipo de letras, señalando columna y página. Las funciones de los jefes de información se vieron arbitrariamente interferidas».¹⁸ En un rico anecdotario de incidencias, la foto de un acto social como el bautizo de una niña estuvo a punto de impedir la salida de Diario Nacional, porque en la relación de familiares y amigos de la pequeña estaba el «simpático niño Fidelito Castro Díaz», hijo del líder de la Sierra Maestra.

El restablecimiento de la censura previa por el gobierno hizo al Bloque Cubano de Prensa dirigir a Batista una carta fechada el 7 de octubre de 1957, donde dejaba constancia de su protesta y solicitaba el fin de la censura. A la misiva el dictador respondió dos días después y expresó que la eliminaría «tan pronto como sea posible». Mientras tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había desplegado una activa labor en contra de la medida. Un informe de esa organización detallaba las gestiones siguientes:

1. El propio día 1 de agosto de 1957, en que se esta-bleció de nuevo la censura, el presidente Martínez Márquez envió un telegrama al presidente Batista protestando de su establecimiento. El presidente Batista contestó a Martínez Márquez el siguiente día, señalando su pena por tener que establecer la censura, pero manifestándole que ello era necesario por el bien del país. Los censores prohibieron la publicación de los telegramas a unos periódicos, mientras lo permitieron a otros. El 7 de agosto de 1957 el presidente Martínez Márquez envió otro telegrama al presidente Batista protestando contra la censura aplicada a los anteriores mensajes y contra la mutilación de publicaciones de los Estados Unidos. El presidente Batista no contestó esta protesta.
2. El 12 de agosto de 1957 el Dr. Martínez Már-quez envió un telegrama al presidente Batista solicitando audiencia para él y para el presidente de nuestra Comisión, Jules Dubois, para tratar de la censura. El 15 de agosto de 1957 el secretario de la Presidencia comunicó por telegrama a Martínez Márquez que le haría saber la fecha en que la audiencia le sería concedida. El 26 de agosto de 1957 el Dr. Martínez Márquez y el sr. Jules Dubois tuvieron una conferencia sobre la censura con el ministro de Gobernación, Dr. Santiago Rey, quien prometió tratar el asunto con el presidente Batista.
3. El 30 de agosto de 1957 se le comunicó al Dr. Martínez Márquez que el presidente Batista lo recibiría a él y al sr. Dubois el 2 de septiembre de 1957 a las 5 y 30 p.m.
4. El 2 de septiembre el Dr. M. Márquez y el sr. Dubois fueron recibidos por el presidente Batista en una audiencia que duró más de dos horas. La entrevista fue franca y cordial, según la versión de Dubois, quien en síntesis la explicó de la siguiente manera: «El presidente Martínez Márquez pidió al presidente Batista aboliera la censura. El presidente Batista rechazó la petición, afirmando que se había visto obligado por las circunstancias imperantes en el país. (…) La cuestión de la circulación sin censura de periódicos y revistas del extranjero fue también discutida. El presidente Batista se negó a permitir sin censura la circulación de publicaciones que no lo fueran en lengua extranjera, como caso específico se trató de una que se publica en dos idiomas, El Diario de las Américas, editada en Miami, en inglés y español, diciendo que esta no podrá circular sin censura. En relación con la censura impuesta a los corresponsales extranjeros, el presidente Batista se negó a eliminarla.»¹⁹

El balance de esa entrevista resultó negativo. Batista consideraba fundamental la mordaza para su propia existencia, al tiempo que insistió en que nunca había prometido no reimponer la censura durante su mandato, como se malinterpretó de la reunión entre ellos en febrero pasado. En vísperas de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Washington en la primera quincena de octubre, los dos partidos colegiales de los periodistas cubanos —Superación Periodística y Unidad y Acción— emitieron un comunicado donde repudiaban la censura y acordaban hacer llegar el documento al cónclave regional para que se conociera la actitud de los periodistas cubanos. En efecto, la condena mayor a la censura se produjo en la reunión en Washington, donde el caso de Cuba se discutió con pasión en los debates. Allí, en consonancia con los conceptos de la Carta de la Prensa Americana, se declaró «enemigo de la democracia» al gobierno del general Batista, un pronunciamiento que lo desacreditó aún más ante la opinión pública internacional. No obstante, el dictador siguió firme en su obstinada política, y extendió la censura previa por 45 días más, primero el 30 de octubre de 1957 y luego el 15 de diciembre de ese año. Por esa última fecha, el Colegio Nacional de Periodistas acordó solicitar a Batista el cese cuanto antes del régimen indefinido de censura, declarar su carácter antidemocrático e incompatible con la celebración de elecciones presidenciales, y señalar sus daños económicos a las empresas periodísticas y el clima de perturbación creado por rumores y noticias alarmantes.

La censura previa imperaría durante prácticamente todo 1958, con excepción de los últimos días de enero, todo febrero y la primera mitad de marzo. En enero de ese año, reinaba la más completa desinformación sobre los acontecimientos nacionales, y los periodistas hacían malabares, por ejemplo, para poder informar sobre la caída de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela sin llamarlo dictador. El embajador norteamericano en La Habana, Smith, logró persuadir a Batista para que restaurara la libertad de prensa y convocara a elecciones presidenciales para el 1 de junio. En efecto, el 28 de enero la censura era derogada en todas las provincias, excepto en Oriente, que se levantaría el 3 de febrero gracias a la petición hecha a Batista por Andrés Domingo, secretario de la Presidencia, ante el reclamo reiterado de los periodistas orientales, el Colegio Nacional de Periodistas y algunos políticos.

Pero el 17 de marzo el gobierno suspendía otra vez las garantías constitucionales y restablecía la censura previa, decisiones que provocaron la dimisión de Emilio Núñez Portuondo, recién nombrado primer ministro y quien encabezaba la propuesta pacífica de salida a la crisis cubana con un plan que incluía la renuncia de Batista del poder y la celebración de elecciones sin su influencia, con la aprobación de Washington.²⁰ Esta vez las autoridades evitaban que se conocieran las declaraciones del Episcopado en favor del entendimiento y la pacificación del país, el escándalo producido por las torturas de la policía a la maestra Milanés, los procesamientos que los jueces de instrucción estaban realizando con oficiales y jefes policiacos acusados de atropellos a ciudadanos, y la invitación de Fidel Castro a los periodistas habaneros para que lo visitaran en su campamento de la Sierra Maestra. Entre las protestas por la medida sobresalió la misiva a Batista del Colegio Nacional de Periodistas, donde demandó el levantamiento de la censura y expresó su repulsa contra un sistema del que se ha abusado en los últimos años y tiende a impedir la publicación de noticias que en nada afectan la tranquilidad nacional.

Desde luego, el dictador no respondió.

En su aplicación, la censura dejaba publicar algunas informaciones en determinados periódicos, sobre todo los progubernamentales, y las prohibía en el resto de la prensa. Ese trato diferenciado ponía en desventaja a unas empresas periodísticas con otras y lo que podía interpretarse como una deficiencia en la labor informativa, en realidad era un acceso privilegiado a las noticias oficiales. Además, la censura no solo serviría para ocultar hechos, sino para falsearlos burdamente. Era usual que Batista pusiera sus ideas en boca de sus ministros, y ellos las leyeran sorprendidos al día siguiente en los diarios; pero esto no había ocurrido con personalidades de otros ámbitos. Sin embargo, unas declaraciones de Enrique Pérez Serantes, arzobispo de Santiago de Cuba, sobre una explosión que dañó el Santuario Nacional del Cobre en los días de la huelga de abril, fueron prohibidas desde Palacio Presidencial y, en cambio, se envió un texto muy distinto a los periódicos con orden de publicarlo. La intención era desacreditar al Ejército rebelde y crearle una imagen anticatólica. Monseñor Pérez Serantes intentó en vano que se aclararan las modificaciones a sus palabras y, en consecuencia, publicó una carta pastoral fechada el 16 de abril donde transcribía su anterior declaración y precisaba: «Todos los que han estado cerca de Nos saben que tenemos por cierto que los causantes de la explosión no pensaron en manera alguna que del hecho perpetrado para otros fines se produciría el menor daño en el Santuario Nacional».²¹ En efecto, los rebeldes habían volado una mina del gobierno cercana al santuario, sin imaginar los grandes daños que causarían a este, aunque la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre quedó intacta.

A partir de mediados de marzo hasta diciembre de 1958 la censura previa se hizo cada vez más implacable. Una prueba de su rigor y precisión en sus normas son las instrucciones dadas por los censores a los jefes de información de diarios y revistas los días 29 y 30 de septiembre de ese año, que a continuación se transcriben:

Septiembre 29:
Nada de la SIP, inclusive que precisa consulta cualquier asunto de ella.
Nada de anuncios pagados que entrañen controversias sobre precios, procedimientos, etc. de industrias o comercios.
Nada de adquisición de buques en Japón ni los del Canadá.
Ningún anuncio de tipo político puede ser publicado sin previa censura, así como ninguna declaración de elementos políticos que no sean gubernamentales.
Hoy fue censurado un cintillo de policía sobre un anciano de SETENTA AÑOS que se ahorcó.
Nada sobre la quiebra del seguro del procurador. Nada sobre la manteca a granel.

Septiembre 30:
Reitera la censura que nada sobre la SIP. Nada del avión estrellado y piloto muerto en Jobabo.
Nada de cables sobre Trujillo.
Nada sobre los sueldos de la Universidad.
Nada de declaraciones del Presidente del Senado.
Nada sobre la OEA.
Nada de un niño de siete años que abandonó el hogar, según denuncia de su padre.
Nada sobre la aparición herido o muerto de un individuo nombrado Silvio Hernández, en el despacho del ministerio de Obras Públicas. Mantiénese la disposición de no publicar ahorcados, ahogados o muertos que aparezcan, así como incendios, máquinas desaparecidas, ómnibus, etc.²² No obstante, los periodistas buscaban estrategias para burlar la censura y establecer una comunicación en clave con sus lectores. El periodista Raúl Quintana, quien trabajaba en el periódico Avance y la emisora Circuito Nacional Cubano, relató que una de las formas que encontraron en la radio para anunciar las frecuentes explosiones de bombas fue hablar de «estallido de cocina keroseno, de cocina de alcohol», hasta que cambiaron al censor y el nuevo funcionario se percató del ardid. Aunque duró muy poco tiempo por ser descubiertos por la policía, a los partes militares los seguían con anuncios comerciales que con la entonación del locutor servían para negarlos o contradecirlos, como por ejemplo: «¡No señor, no crea usted todo lo que le digan…! Si se decide a comprar un buen traje, vaya siempre a El Bazar».²³ Desde luego, estas prácticas de eludir la censura tenían corta vida, porque eran sumamente riesgosas para los periodistas por las represalias gubernamentales que podían caer sobre ellos. Tampoco faltaron medios que sorprendieran y se negaran a cumplir las imposiciones de los censores. Así ocurrió cuando las improvisadas elecciones presidenciales del 3 de noviembre, que al día siguiente Prensa Libre llevó desafiante a sus lectores sin publicar la menor noticia de los comicios y con fotografías en la portada de un guerrillero portando un rifle. Como consecuencia el censor fue despedido y el periódico, bajo amenaza de cierre, obligado a publicar en su edición siguiente los resultados dados por el Tribunal Electoral.

Mientras tanto, los periodistas extranjeros en la Isla también eran obstaculizados en su labor informativa. Batista había reforzado la censura de la correspondencia, las llamadas telefónicas y los cables al exterior, y en determinados momentos resultó imposible enviar una noticia por vías regulares ya que los censores no le daban paso o saboteaban la comunicación. De ahí que los corresponsales norteamericanos tuvieran que realizar viajes fugaces a la Florida o enviar sus informaciones con viajeros que regresaban a Estados Unidos, entre otras estratagemas. Del mismo modo, la sede en La Habana de la compañía cablegráfica All American Cables evadía la censura con el envío de los despachos no directamente a Nueva York, sino por intermedio de sus oficinas en Panamá.

Ante la situación indefinida de la censura previa y el problema nacional cada vez más grave, el Colegio Nacional de Periodistas plantó cara al gobierno como nunca y más allá de la protesta se trazó un plan de acciones. En reunión celebrada el 19 de septiembre, llamó a todos los periodistas a integrar un movimiento, supuestamente apolítico, dirigido a demandar el fin de la censura. Para ello establecerían alianza con el Bloque Cubano de Prensa y la Federación de Radioemisoras de Cuba con vistas a actuar de conjunto, así como sumarían a esos propósitos otras organizaciones cívicas de importancia en la Isla y buscarían apoyo entre las organizaciones periodísticas extranjeras. Solo la última de esas iniciativas parece haber tenido buen fin, cuando en los meses finales de 1958 el periodista Pastor Valdés puso al tanto a la opinión pública de varias naciones sobre la situación de la prensa en Cuba y logró que sus organizaciones periodísticas, excepto en Panamá, reclamaran mediante telegrama al dictador cubano la restitución de la libertad de expresión.

Asimismo, la XIV Reunión Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada entre el 7 y el 12 de octubre en Buenos Aires, no solo volvería a considerar a Batista como gobernante antidemocrático, a partir del detallado informe sobre el estado de la libertad de prensa en Cuba presentado por Jorge Quintana, decano del Colegio de Periodistas de La Habana, sino que cerraría fila con los periodistas cubanos en sus propósitos. Por ello solicitó a los editores de periódicos en la Isla abstenerse de publicar comunicados oficiales ofensivos y eliminar la publicidad gubernamental de un régimen represivo, así como pidió a los periódicos de las Américas dar la mayor publicidad al problema cubano y hacer campaña contra el régimen sostenedor de la censura. Sin embargo, la mayor parte de los medios cubanos siguieron el juego al régimen dictatorial, ya por miedo a la represión o a perder sus prebendas y sinecuras. La violencia llegaba a tales extremos en Cuba que Quintana tuvo que exilarse en Puerto Rico, ante el aviso desde La Habana de que la policía lo esperaba para torturarlo a su regreso.

A finales de la guerra, lo más macabro de la censura previa seguían siendo los partes oficiales de las acciones militares en el país. Estos partes militares eran redactados por Batista y manipulados a su antojo. A veces, junto a lo que debía ser un sobrio y severo lenguaje militar, el dictador incluía conceptos políticos o frases de Napoleón. «El exagerado uso de los vocablos forajidos, cabecilla, bandolero, castro-comunismo, y muerde y huye eran del repertorio verbal que Batista introducía a la fuerza, con torpeza y cursilería».²⁴ De todas maneras, ese y otros intentos de desinformación desde el gobierno eran burlados por el alcance de los medios clandestinos del Movimiento 26 de Julio, en particular por la emisora Radio Rebelde, que ya se escuchaba en toda Cuba y una parte importante de América Latina y la Florida. También los medios internacionales tenían a Cuba en el punto de mira, por lo que no es de dudar que la situación del país se conociera mejor y con más amplitud en el extranjero. De esta forma, mientras el régimen batistiano se desmoronaba, la censura previa no hacía más que acelerar su fin.

Notas:

1. Gutiérrez, Jorge Eduardo «La censura de prensa ante los sucesos del Moncada». En colectivo de autores: Los caminos del Moncada, Editora Historia, La Habana, 2003, pp. 178-179.

2. Botifoll, Luis J. Golpe de estado en El Mundo; una página dolorosa del periodismo cubano. Editorial Lex, La Habana, 1955, p. 46.

3. A los dos censores nombrados originalmente se unieron Francisco Borges Reyes, Manuel Borbolla González, Justo César Cuba, Rodolfo Rodríguez García, Gustavo Larra mendi, Francisco García Alonso, René Castillo, Eduardo Cardoni, Quintín Echevarría Norman, Francisco Fernández Espinosa, José Salgado Salgado, Virgilio del Amo, José Antonio Inclán, José Suárez Núñez, Conrad Allain, Armando Acosta Sánchez y Fernando de la Presa.

4. «Informe del Comité de la libertad de prensa IX Reunión anual». En Archivo Nacional de Cuba, Fondo Jorge Quintana, Legajo 121, Orden 13, octubre de 1953, p. 44.

5. «En Cuba». En Bohemia, Año 45 No. 44. La Habana, 1 de noviembre de 1953,p. Sup. 3.

6. Quintana, Jorge. «La libertad de prensa en Cuba bajo la dictadura de Batista VIII». En Archivo Nacional de Cuba, Fondo Jorge Quintana, Legajo 116, Orden 2, diciembre de 1958, p. 56.

7. «Censura a la prensa». En Bohemia, Año 48 No. 19. La Habana, 6 de mayo de 1956, p. 51.

8. Los delegados personales del ministro de Gobernación, Santiago Rey, fueron Otto Meruelo para las publicaciones Bohemia, Carteles y Prensa Libre; Andrés Vega Soto para Avance y Mañana; Manuel Benítez Rodríguez para Excélsior y El País; Fernando de la Presa para Pueblo, Alerta y Gente; Rolando Meruelo Beldarraín para Diario Nacional y Tiempo; Dagoberto Darias del Castillo para El Mundo; Humberto García Rivero para Información; José A. Inclán para Diario de la Marina y La Campaña Cubana; Fernando del Busto para El Crisol, y Jesús Iznaga Quesada para Havana Post y agencias internacionales de prensa.

9. «En Cuba». En Bohemia, Año 48 No. 24. La Habana, 10 de junio de 1956, p. Sup. 9.

10. Ídem.

11. Humberto García Rivero fue asignado a Bohemia, Prensa Libre y Carteles; Dagoberto Darias Soriano a Avance; Manuel Benítez Rodríguez a Diario de la Marina, Zig Zag y Rescate; Orestes Ferrer Hernández a Mañana y El Crisol; Dagoberto Darias del Castillo a Ataja, García Noriega a El Mundo; Pedro Juan Valdés Díaz a Información y Tiempo; Armando Gali Menéndez a El País y Excélsior, Fernando de la Presa a Pueblo, Alerta y Gente; y Juan Iznaga al Havana Post y las agencias internacionales.

12. «En Cuba». En Bohemia, Año 49 No. 9. La Habana,3 de marzo de 1957, p. S. 16.

13.Ídem.

14. Dubois, Jules. «Informe especial sobre la situación de Cuba». En Archivo Nacional de Cuba, Fondo Especial, Legajo fuera de caja 4, Orden 2, 5 de septiembre de 1957, p. 2.

15. «En Cuba». En Bohemia, Año 49 No. 9. La Habana, 3 de marzo de 1957, p. S. 17.

16. Rolando Meruelo Beldarraín para Bohemia, Carteles y Prensa Libre; Manuel Benítez Rodríguez para Diario de la Marina, Zig Zag y Réplica; Armando Calleiro Medina para Avance; Humberto García Rivero para El Crisol y Mañana; Pedro Valdés Infante para Información; Fernando de la Presa para Pueblo, Alerta y Gente; Dagoberto Darias del Castillo para El Mundo y Ataja; Orestes Ferrer Hernández para Excélsior; Armando Gali Menéndez para El País; Antonio Hernández Díaz para Diario Nacional y Tiempo, y Jesús Iznaga para Havana Post, The Currier y Havana Times y para las agencias internacionales. En sustituciones y traslados posteriores actuaron Ulises Sánchez Queral, Mario Torres Pascual, Orestes Ferrer Hernández, José García y otros empleados de Gobernación.

17. «En Cuba». En Bohemia, Año 50 No. 5. La Habana, 2 de febrero de 1958, p. S. 20.

18. Ídem.

19. «Actividades efectuadas por la Sociedad Interamericana de Prensa». En Archivo Nacional de Cuba, Fondo Jorge Quintana, Legajo 121, Orden16, S/f, pp. 4-5.

20. Suárez Núñez, José. El gran culpable. ¿Cómo 12 guerrilleros aniquilaron a 45 000 soldados? Caracas: s/e, 1963, pp. 59-61.

21. Dubois, Jules. Fidel Castro: ¿rebelde, libertador o dictador? Editorial Grijalbo, México D.F. ¿1965? p. 216.

22. Quintana, Jorge. «La libertad de prensa en Cuba bajo la dictadura de Batista XI». En Archivo Nacional de Cuba, Fondo Jorge Quintana, Legajo 116, Orden 2, diciembre de 1958, pp. 77-78.

23. Quintana, Raúl. Recuerdos no olvidados. Memorias y testimonios periodísticos. Biblioteca virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, 2010, pp. 58-59. Disponible en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2010f/891/LA%20GRAN%20PRENSA%20EN%20LA%20CUBA%20DE%20ANTES.htm

24. Suárez Núñez, José. Ob. cit., p. 97.