Desde hace muchos años hay un interés creciente por lograr que Miami, o incluso todo el Estado de Florida, mantenga una política hacia Cuba mucho más rígida que la acordada en todo el país. L a meta no es sólo ir un paso más allá de las normas establecidas por Washington, sino convertir la política estatal en una avanzada de los objetivos nacionales, en lo que respecta al tratamiento del caso cubano. Frente a este empeño el exilio más moderado de esta ciudad ha logrado poco, o nada, en tratar de encontrar formulas o medios que permitan una mejor relación a ambos extremos del Estrecho de Florida. Aliviar la carga de trámites engorrosos, y también costosos, que son imprescindibles cuando se viaja a Cuba; librarse de documentos inútiles, como el que es necesario firmar cuando se envía dinero a la Isla, e influir en ciertos sectores de la nación cubana, desde el punto de vista que conforma un grupo que contribuye de forma decisiva a la economía del país. Caso singular en que tanto dinero ha sido reducido a una función doméstica, y quienes lo aportan carecen por completo de la menor capacidad para influir en los destinos de un Estado que se sirve de ellos, pero al mismo tiempo los mantiene a raya. De una ciudad que tiene una gran industria de viajes, que sirve para enriquecer a unos pocos, y se alimenta al mismo tiempo de un antagonismo que comenzó entre dos gobiernos y en la actualidad se alimenta de una pelea entre dos grupos reducidos, cuyos miembros han envejecido en la testarudez, el rencor y las similitudes entre los contrarios.