En Cuba existe un consenso general acerca de la necesidad de renovar el modelo socio-económico-político-jurídico que constituye el marco regulador de la vida nacional –quizá solo unos pocos no sean capaces de aceptar este desafío.

Esto demanda reconstruir la cultura debida y las garantías necesarias para promover el desempeño de la ciudadanía, así como la reinvención de los mecanismos estatales y de gobierno para que respondan cada vez más a la realización de la soberanía popular. Ello es importante, porque la reforma del modelo debe emanar de la voluntad general; no deberá ser el resultado de diseños efectuados únicamente por sectores, grupos u oligarquías particulares.

Todo esto exige, a su vez, una gran apertura para que cada cubano, cada grupo, cada sector y cada propuesta, cada agenda, cada proyecto, puedan expresarse e interactuar con la sociedad, así como influir sobre las decisiones del poder. Pero no solo exige esto, sino también una enorme disposición para interactuar entre todos, dialogar, llegar a consensos, definir objetivos comunes e institucionalizar las posibilidades para concretarlos. Sin embargo, será difícil recorrer este camino si cada uno, cada parte, no es capaz de reconocer la legitimidad del otro, de las otras partes. Solo reconociéndonos mutuamente dicha legitimidad podremos comenzar a transitar la senda, difícil -sin duda-, para cimentar la Cuba que nos propuso José Martí y que muchos cubanos soñamos, la cual tiene como síntesis una frase: “con todos y para el bien de todos” .